Por: El Barbaján

De acuerdo con la nota del diario Reforma del 6 de febrero de 2019, la secretaria de gobernación cometió omisiones al presentar su declaración patrimonial. Lo que motivo a una serie de fake news por parte del gobierno federal en el transcurso de esa mañana.

La primera falsedad dada por el Gobierno Federal, fue la “aclaración” diciendo que la declaración abarca solamente inmuebles que se encuentren en territorio nacional. Esto es falso.

Las declaraciones patrimoniales son de rango constitucional, de acuerdo con la reforma del sistema nacional anticorrupción. Esto implica que la obligación de presentar la información relacionada a inmuebles en el extranjero no se limita a lo inscrito por la ley si no a la totalidad de los cuerpos normativos.

Esto incluye tratados internacionales, incluyendo tratados de doble tributación que buscan homologar los registros públicos y financieros para evitar que particulares tengan obligaciones tributarias en dos o más países y solo lo hagan en un lugar.

Estos tratados implican que los registros públicos inscritos en otros países sí tienen validez jurídica en México por dos razones:

  • a) La primera, es que de acuerdo con la reforma de derechos humanos de 2011, los tratados internacionales tienen carácter de rango constitucional y por lo tanto, todas las autoridades están obligadas a contemplarlos incluidas obligaciones sectoriales en materia anticorrupción.
  • b) La segunda, es que el derecho a la información consagrado en el artículo 6 establece también la observación de tratados internacionales en esa materia. Existen diversos tratados suscritos entre México y Estados Unidos, con lo cual la no observancia de todo el marco jurídico representa una seria lesión al derecho a la información.

Se alegará que por principio de especialidad, los tratados internacionales inscritos en materia fiscal, no necesariamente generan obligaciones en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Sin embargo, la constitución y los tratados internacionales no se interpretan por principio de especialidad.

El principio de progresividad constitucional, establece que los tratados internacionales son complementarios al resto del marco jurídico, esto implica que los tratados al tener un rango superior a la ley, alteran su funcionamiento y deben ser contemplados por las autoridades en todas sus actuaciones.

Podría considerar que la tesis del origen de las obligaciones vía tratado, puede tener fundamento en el caso de que existan restricciones directas en la ley que contravengan al tratado, pero entre una ley general y un tratado, la primera se atiene a lo dictado por la segunda.

En el cumplimiento de sus obligaciones, la Ministra en Retiro Olga Sánchez Cordero, falló en comprender (junto con la explicación actual del Gobierno Federal) que existe una obligación en materia constitucional de presentar su declaración contemplando tratados de doble tributación y al mismo tiempo faltando a la interpretación en sentido amplio (contemplando todo el marco jurídico) de los mismos en pro del derecho de acceso a la información.

Si bien es cierto que la declaración patrimonial no es pública por ley, también es cierto que su registro exacto si lo es de acuerdo con el artículo 32 y 46 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. La inexactitud en la presentación es una sanción administrativa y en algunos casos un delito.

Sobre si está obligada a hacer una interpretación personal, que tome en cuenta los principios de interpretación conforme inscritos en el artículo 1 de la Constitución, es otro debate. Pero teniendo en cuenta su experiencia como juez constitucional, entonces conocía perfectamente cuál era la magnitud de derechos que implica una reforma como la de anticorrupción, por lo menos moralmente existía una obligación de ser consecuente con los principios inscritos en la CPEUM.

La segunda falsedad la dictó la propia Secretaria Sánchez Cordero, al afirmar que fue la Secretaría de la Función Pública (SFP) la que falló en publicar la información. Esto no puede ser posible, la aplicación DeclaraNet Plus Web no es una plataforma en donde SFP revise y publique la información que se le proporciona. Es un sistema automatizado, en donde la información se llena en un sistema de generación automática de documentos. Estos se pueden corregir, pero la publicación del documento puede afirmarse en el momento en que el funcionario público así desee colocarla.

Así, la SFP hace una revisión ulterior a la presentación de una declaración y determina si existen anomalías o no. Lo cierto es que Olga Sánchez Cordero como Ministra de la Suprema Corte ya había presentado su declaración en ocasiones anteriores, por lo menos desde 2002 (año en que DeclaraNet entró en funciones) y desde ese año hasta 2015 que concluyó su encargo se efectuaron al menos 13 revisiones patrimoniales, más aquellas referentes a su ingreso a la Cámara de Senadores y la titularidad de la Secretaría de Gobernación.

Esto implica que la Secretaria estuvo en contacto de primera mano con el sistema, también estuvo en su mesa como Ministro de la Suprema Corte; la resolución de varios asuntos relacionados con la declaración patrimonial y las consecuencias de no presentar un documento exacto.

También implica que conoce que las obligaciones de un servidor público, están conectadas con aquellas relacionadas en el código civil federal y el código civil de la CDMX.

La tercera mentira, se da con la complicidad de la Secretaría de la Función Pública. Aunque ésta se haya deslindado de las acusaciones de SEGOB, la SFP debería sancionar a la secretaria.

Profundizando, esto aparenta ser muy complicado, pero no lo es. Supongamos que el vínculo matrimonial que une a la Secretaria con su marido se debiera resolver vía divorcio. En ese caso, la disolución tendría que hacerse solamente en el lugar de inscripción de su matrimonio, o sea el registro civil de CDMX.

Si su régimen matrimonial es mancomunado, entonces debe de considerarse que la disolución del matrimonio se resuelve teniendo en cuenta ese inmueble y ya sea que este se venda y se reparta la ganancia entre los esposos o se asigne a uno de los dos cónyuges en el acuerdo de divorcio o en la resolución de disolución del juez.

Si su régimen en cambio fuera por bienes separados, esto no eximiría a la ministra en retiro para publicar que es copropietaria de un inmueble. El tema es solamente evitar que alguien que no es funcionario público pudiera ver su derecho a la privacidad lesionado, pero en ese caso solo se inscribe en la declaración el monto que erogó para ser copropietaria y el porcentaje correspondiente a ese inmueble. La ubicación y cualquier otra información si se testa (censura) y se reserva a petición del funcionario, pero el valor del inmueble y la participación de una persona en su régimen de copropiedad, no.

De una forma u otra, la declaración de conflicto de interés debería entonces reflejar que existe un potencial conflicto, en función de que el Esposo de la ministra es un importante Notario de la CDMX. Esto, para justamente acotar sus funciones en caso de que sus decisiones como Secretaria de Gobernación afecten el régimen de funcionamiento de los Notarios Públicos (que sí, es remoto) y por extensión, de su patrimonio y el de su familia.

No existe excepción como afirma la SFP a que una copropiedad no se inscriba, por el contrario, existe la obligación de presentarse además junto con la declaración de conflicto de interés.

Es entonces en donde ya comenzamos a ver el fondo de este asunto y del porque es inverosímil cada explicación.

a realidad es que no existe una comunicación ordenada, no existe ninguno de los supuestos que el Gobierno, SEGOB o SFP están pretendiendo invocar y ya estamos viendo la mentira más burda en lo que va de apenas unas semanas de administración.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *