Por: J. Manuel Rodea

La premisa keynesiana de la política económica bien hace alusión al crecimiento económico mediante la expansión del gasto público, y es de esperarse de un Estado que promete alimentar a manos llenas a quienes considera desfavorecidos esté siguiendo este esquema.

No obstante ese modelo presentado por el más básico de los modelos macroeconómicos, tiene tres premisas que poco se ha visto que son tomadas en cuenta:

  • El gasto público que es más productivo, es el gasto corriente en servicios públicos -alambrado público, drenaje, subsidios para energía eléctrica, etc.-, y si se hablara de gasto estratégico en infraestructura clave -energías alternativas, ciencia y tecnología-, esta detonaría la competitividad de la actividad económica del sector privado, generando riqueza que puede repartirse mejor.

  • Asimismo, el gasto más estéril es el que se utiliza en transferencias, pensiones o apoyos directos que van más allá del combate a la pobreza, porque mientras no haya una cultura financiera por parte de quien recibe ese dinero, así como llega, se va en el consumo trivial y sin generar ahorro, mucho menos hablemos de esquemitas de inversión. No hay formación de patrimonio, y por ende, no se logró el objetivo de elevar el nivel de vida de los beneficiarios de los apoyos.

  • Las dos medidas anteriores, son consideradas como política fiscal expansiva por sus efectos en la renta nacional, mientras que naturalmente lo contrario -política fiscal restrictiva- sería el aumento de algún impuesto, o bien en función de la renta que reciben los agentes económicos diferentes al gobierno, o bien exógenos a esta y basados en otros factores.

Lo que nadie menciona sobre este y otros modelos basados en la política fiscal, es que dependen de un presupuesto público equilibrado, lo cuál implica que esa expansión del gasto público está sujeta a la recaudación misma, y lo cierto es que de unos meses para acá, hemos visto muchos recortes en nombre del combate a la corrupción, pero el asistencialismo de repente se convirtió en una prioridad y ha revivido la tenencia vehicular, un impuesto que hasta hace poco se había retirado.

Dado que para las olimpiadas de 1968 para las que México tenía el turno de ser anfitrión y requería prepararse para recibir delegaciones de atletas de numerosos países -desde la construcción de unidades deportivas para el entrenamiento y las competencias, hasta el acondicionamiento de hoteles y otras necesidades de equipamiento para alojar y trasladar a los deportistas extranjeros-, el gasto público que se avecinaba no tendría precedentes, así que el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz buscó un ingreso público extraordinario a través de este impuesto, como iba de salida, bien pudo retirarlo Luis Echeverría Álvarez al sucederle, pero su línea era más asistencialista que la de Díaz Ordaz y necesitaba los recursos, por eso es que siguió, y no se diga López Portillo que llevaba una agenda similar.

Hasta los dos últimos sexenios pudo verse el fin de la tenencia, y hoy resulta que vuelve a ser necesaria para cubrir los boquetes fiscales no reconocidos por las nuevas medidas de la transformación que vive el Estado, la economía que se visualizaba en fase de aceleración con las políticas expansivas, se ve frenada con una de carácter restrictivo, tal parece que se pisa el acelerador y el freno al mismo tiempo y así como con un automóvil se daña cuando se le hace esto -además de lo peligroso que puede ser perder el control del movimiento inesperado-, los efectos macroeconómicos no tendrían por qué ser diferentes: se espera un crecimiento económico inferior al 2%, no se compensa ni con la inflación ni con el necesario crecimiento poblacional.

Hay algo que valdría tomar en cuenta: ¿estamos perdiendo avance o dirección?

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